Diferencia entre nulidad y anulabilidad

Hoy nos vamos a centrar en hablarte entre las principales diferencias que existen entre nulidad y anulabilidad. Son dos palabras que se parecen bastante, pero como vamos a mostrarte a continuación son diferentes y merece la pena conocerlas para poderlas diferenciar.

¿Qué es nulidad?

La nulidad es como un error importante en un acuerdo o acción legal que por sí solo no produce ningún efecto válido. Sucede cuando falta alguno de los elementos fundamentales para que sea válido, como el objeto, el consentimiento y la causa. Es decir, si alguno de estos elementos es deficiente o está ausente, el negocio jurídico puede considerarse nulo y no tendrá consecuencias legales.

¿Qué es anulabilidad?

La anulabilidad se refiere a un problema en un acuerdo o transacción legal cuando dicho acuerdo tiene un defecto que lo hace inválido y no genera consecuencias legales, aunque este fallo solo afecta a una parte específica del mismo. Por ejemplo, puede surgir cuando hay un error en la forma en que se lleva a cabo el acuerdo o cuando una de las partes no está plenamente informada al momento de firmarlo. En tales casos, la parte afectada tiene derecho a solicitar la anulación del acuerdo.

Ahora que conoces los dos términos, es importante que sepas que esos dos conceptos vienen directamente del derecho romano. Como bien sabrás, el derecho romano tiene mucha influencia en nuestro sistema judicial, de aquí que en la carrera de derecho haya asignaturas dedicadas a ese tema.

Efectos de la anulabilidad:

Es importante tener en cuenta que el acto podrá anulable si está dentro de lo que se muestra dentro del artículo 1300 del Código Civil.

Un contrato puede ser considerado anulable o susceptible de nulidad relativa cuando presenta algún defecto que lo invalide según lo establecido por la ley. Por ejemplo, esto puede ocurrir si hay un problema en el consentimiento debido a la presencia de violencia, error, engaño o intimidación. Es importante tener en cuenta que el contrato en cuestión existe, ya que cumple con los tres elementos fundamentales: causa, objeto y consentimiento, los cuales están presentes en el mismo acto o acuerdo contractual.

Para que puedas tener más datos, vamos a expresar las principales causas de la anulabilidad:

Vicios del consentimiento: Estos incluyen situaciones como el error, la violencia, la intimidación y el engaño, que pueden distorsionar el consentimiento válido.

Falta de medidas de apoyo o de representación de personas con discapacidad: Sucede cuando se celebra un contrato con personas con discapacidad sin proporcionarles el apoyo necesario para comprender completamente los términos del acuerdo.

Falta de consentimiento del otro cónyuge: Se presenta cuando uno de los cónyuges realiza actos o contratos sin el consentimiento del otro, lo cual puede invalidar legalmente dichas acciones.

Falsedad de la causa: Ocurre cuando se oculta la verdadera razón detrás de un acuerdo, como en el caso de un negocio simulado.

Defecto de capacidad: Se refiere a la incapacidad de una persona para entender adecuadamente los términos de un acuerdo o contrato.

Efectos de la nulidad:

La relación obligacional entre las partes no tiene ningún efecto legal.

La nulidad del contrato se activa automáticamente, según lo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia 429/1994, de 14 de mayo.

Es importante recordar que la acción para declarar la nulidad no tiene tiempo, es decir, se puede realizar cuando se piense que es un buen momento. Para que te hagas a la idea, si el contrato es nulo desde el primer momento, por mucho tiempo que pase, seguirá siendo nulo.

Es importante saber que hay algunos efectos que se producen cuando el negocio o el acto jurídico es nulo.

Nulidad y anulabilidad en actos administrativos

En el Derecho Administrativo, los actos administrativos pueden ser nulos o anulables según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Un acto administrativo se define como aquel emitido por una Administración Pública, ajustado a los requisitos y procedimientos establecidos, con contenido acorde al ordenamiento jurídico y a sus fines.

La nulidad de pleno derecho se aplica cuando se vulneran derechos constitucionales, se dicta por un órgano incompetente, tiene contenido imposible o se omite el procedimiento legal. Además, las disposiciones administrativas contrarias a la Constitución o leyes superiores también son nulas. Por otro lado, la anulabilidad se presenta cuando hay alguna infracción del ordenamiento jurídico, aunque solo los defectos de forma que impidan alcanzar el fin del acto o causen indefensión pueden determinarla.

La diferencia principal radica en que los actos nulos no pueden convalidarse, mientras que los anulables pueden serlo tras subsanar los vicios. Además, los plazos de impugnación varían, permitiendo la impugnación en cualquier momento para los actos nulos, mientras que para los anulables, las Administraciones Públicas pueden impugnar los actos favorables para los interesados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Nulidad y anulabilidad de actos procesales

En el caso de los actos procesales, podemos destacarlos como actos llevados a cabo por alguna de las partes implicadas, los cuales resultan en la generación de una situación de desamparo para las demás partes involucradas en el proceso. Es decir, se trata de acciones que, debido a su naturaleza, provocan un desequilibrio o una situación de vulnerabilidad en el desarrollo del procedimiento.

Es importante destacar que estos actos pueden afectar negativamente la equidad y la imparcialidad del proceso, alterando así su correcto curso y perjudicando los derechos de las partes afectadas. Es fundamental identificar y abordar adecuadamente tales acciones para garantizar la integridad y la justicia del procedimiento en cuestión.

En los actos procesales de nulidad vemos que les falta un requisito para ser considerado fijo o esencial en las leyes procesales. En este caso, no es necesario que la ley lo declare de manera expresa.

Mientras que los actos anulables los podemos destacar cuando falta algo dentro del órden público y además no es esencial. En la gran mayoría de casos podemos verlos como actos susceptibles a ser convalidados. Normalmente los expertos suelen poner el ejemplo de la incongruencia.